La ambiciosa Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno argentino atraviesa horas decisivas para su sobrevida. Tras la media sanción en Diputados, las negociaciones lucen empantanadas en la Cámara Alta. Una de las razones es el polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en el proyecto, pieza central del 'operativo seducción' oficialista para la llegada de capitales al país.
De ser aprobado sin modificaciones, el RIGI dará amplias ventajas a toda inversión superior a los 200 millones de dólares: desde beneficios impositivos y aduaneros durante al menos 30 años (prorrogables hasta cuatro décadas), hasta la libertad absoluta para el giro de divisas al exterior (actualmente limitado por las restricciones cambiarias vigentes).
De este modo, las empresas que decidan desembolsar tamañas cifras gozarán de una tasa menor del "impuesto a las ganancias" (que sería del 25% en lugar del 35%), además de recibir envidiables exenciones impositivas a nivel provincial. Uno de los ejes centrales del proyecto contempla el 'arancel cero' a toda adquisición desde el exterior de insumos, bienes de capital -sean nuevos o usados- y hasta elementos de consumo.
El oficialismo erige la defensa al impulso del RIGI a partir de la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los inversores extranjeros, atónitos frente a los vaivenes económicos de uno de los países con mayor inflación del mundo. Además, desde La Libertad Avanza se enfatiza en que el objetivo del proyecto es promover sectores dinámicos de la economía, tales como el energético (gas y petróleo), el minero, el agroindustrial y la tecnología.
La iniciativa disparó la reacción inmediata de los representantes de las pequeñas y medianas empresas (PyMES), que alertaron sobre la "competencia desleal" que supondría la implementación del régimen: se trata de beneficios impositivos de los que no goza ninguno de los actores industriales locales.
"Hay 300.000 puestos de trabajo en peligro: sería un industricidio. Hay muchas medianas empresas que proveen a toda la industria energética como petróleo, gas y minería, que abastecen de equipos y maquinaria desde hace años, pero que no podrían competir con importaciones de maquinaria usada y barata", dijo a Sputnik Daniel Rosato, titular de Industriales PyMES Argentinos. De acuerdo al empresario, la virtual sanción de la ley "va a impactar doblemente porque no solo dejaremos de lado a un sector dinámico que abastece a gran parte de la economía, sino porque relegaría toda una esfera productiva erigida detrás de la industria nacional".
"Esta política nos va a dejar fuera de competitividad a las PyME. Hoy estamos pagando un 30% más de impuestos que antes: 17,5% por los gravámenes sobre el dólar oficial, y un costo adicional del financiamiento de las exportaciones que nos cobran los bancos, cercana al 15%. Es una asimetría insostenible si se exime de estos costos a las grandes inversiones", remarcó.
La advertencia esgrimida por Rosato se inscribe en un escenario extremadamente delicado para el aparato productivo local. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dan cuenta de un brutal derrumbe del 21,4% interanual en la industria, registro apenas comparable con el confinamiento más restrictivo durante la pandemia de coronavirus.
En ese marco, todas las miradas del pequeño empresariado se posan sobre el impacto de la recesión en las ventas y, por consiguiente, en la presión sobre el nivel de empleo. "No hay razón para que las grandes empresas cuenten con mayores ventajas: estas crean 450.000 puestos de trabajo, mientras que el complejo manufacturero genera 1.250.000. Deberíamos estar en condiciones de exigir las mismas reglas del juego para todos", reclamó Rosato.
El potencial impacto del proyecto no recae exclusivamente sobre la actividad industrial, sino que exhibe una insoslayable faceta fiscal, en un contexto en el que la cruzada del Gobierno para eliminar el déficit ha dado lugar a un draconiano ajuste en las cuentas públicas.
"El Estado argentino está resignando la posibilidad de cobrar impuestos durante 30 años. Según nuestras estimaciones —si nos limitamos exclusivamente a los 6 proyectos de litio y a los 4 de cobre— esto tendría un costo fiscal de 9 mil millones de dólares", advirtió en diálogo con Sputnik Carlos Freytes, director del área de Recursos Naturales de Fundar, centro de investigación y diseño de políticas públicas para Argentina.
De acuerdo al especialista, "lo más grave es que no existe un solo punto de incentivo a que estos grandes proyectos de inversión favorezcan el desarrollo de un entramado de pequeñas empresas que puedan ofrecer bienes y servicios con alto valor agregado. Básicamente, implica una serie de graves renuncias por parte del Estado: sobre todo, la renuncia a impulsar políticas de desarrollo productivo".
"La habilitación a que se importen bienes de capital y repuestos sin aranceles coloca a toda la producción argentina en una situación de clara desventaja competitiva. Uno podría plantear un régimen que fuera menos generoso en lo fiscal y que contemplara un capítulo de desarrollo de proveedores locales, de desarrollo de capacidades productivas en el país, como recomiendan instituciones internacionales como el Banco Mundial", apuntó Freytes.
Las críticas vertidas desde los representantes industriales compiten con el inclaudicable esfuerzo del Gobierno por juntar voluntades para la sanción de la primera iniciativa bajo la administración Milei. En ese marco emerge el protagonismo de dos actores centrales del dispositivo oficialista: el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su par de Economía, Luis Caputo.
A las negociaciones del primero con los gobernadores de influencia en el Senado (donde La Libertad Avanza deberá alcanzar la mayoría a pesar de contar con apenas siete de las 72 bancas) se sumó recientemente el titular del Palacio de Hacienda, quien voló a la provincia norteña de Catamarca para cerrar el apoyo del gobernador peronista Raúl Jalil (hasta el momento crítico del Gobierno).
En este caso, el clivaje que une a los adherentes al proyecto no es partidario, sino geográfico: el RIGI supone una atractiva oportunidad de desarrollo en provincias ricas en recursos naturales, ya sean mineros o energéticos. Al respaldo de Jalil se sumó Ignacio Torres, gobernador de Chubut (sur), quien semanas atrás había llegado a amenazar con cortar el suministro de petróleo en una tensa disputa con el Poder Ejecutivo nacional.
El futuro del proyecto es incierto. "Hoy el número para aprobar la ley en el Senado no está. Creemos que va a salir más temprano que tarde, pero seguramente haya modificaciones que nos obliguen a devolverla a Diputados. Estamos muy confiados", confesó a Sputnik un legislador oficialista que prefirió mantener su identidad en reserva.
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